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Modificaciones en el modelo de concertación de plazas residenciales con el IASS
El Inst
ituto Aragonés de Servicios Sociales cambia su modelo de concertación de plazas residenciales para mayores dependientes para dar entrada a la iniciativa privada mercantil como prestadora de servicios sociales públicos. De esta forma, el IASS destinará 102 millones de euros hasta 2014 para crear 700 plazas subvencionadas en residencias privadas.
Desde el IASS se declara que el objetivo final es “optimizar los recursos con los que cuenta Aragón (públicos y privados, sociales y mercantiles), así como mejorar la seguridad jurídica de las entidades, al pasar de una concertación por convenio a una articulada como contrato administrativo, lo que evitará su revisión anual.”
Este paso de una concertación de plazas por convenio a una concertación por contrato “va a mejorar la seguridad jurídica, ya que, frente a lo que ocurría con anterioridad, no será necesario realizar una renovación anual.” En esta ocasión, la vigencia es de cuatro años. Asimismo, el precio se fija en 1.450 euros por mes y persona, lo que significa un incremento lineal de 100 euros sobre el precio base anterior. Este acuerdo marco, va a permitir que 700 plazas ofrecidas por entidades privadas y también otros organismos no mercantiles, cambien su situación de concertación. A esto hay que sumar otras 300 plazas aproximadamente, por la reciente apertura de dos residencias públicas en Zaragoza. Así, el Gobierno de Aragón incrementará un 25% su oferta residencial para mayores.
Otra finalidad de este acuerdo marco es seleccionar una serie de entidades y empresas titulares de centros residenciales para personas mayores con el fin de de que el IASS disponga de una bolsa de plazas a las que derivar a aquellas personas que, en el ámbito de la Ley de Dependencia, se les proponga como recurso en el Plan Individual de Atención (PIA) su ingreso en un centro residencial. El plazo límite para presentar ofertas es el próximo 15 de febrero. Además, el IASS pondrá a disposición de las mismas una oficina específica para informar sobre la documentación que deben aportar.
En total son 102 millones de euros los que se destinará a este propósito. Las entidades y empresas titulares de centros residenciales para personas mayores podrán ofrecer cuantas plazas estimen convenientes, siempre y cuando, tanto las mismas, como los centros en los que se ubiquen, cumplan los requisitos establecidos en los pliegos correspondientes. En este sentido, el IASS ha establecido unas condiciones, tanto técnicas como administrativas como medios humanos, experiencia o solvencia económica, que garantizan la calidad del servicio que se preste.
En definitiva, con este cambio, el Departamento de Servicios Sociales y Familia busca “garantizar el servicio a los usuarios, la aplicación de criterios de racionalización del sistema (al utilizarse mejor los recursos que ya existen) y el avance en la consolidación del sistema público de servicios sociales.”
FELIZ NAVIDAD
“El único sitio donde el éxito viene antes de la planificación y el trabajo es en el diccionario.”
Una reflexión gráfica
¿está es la visión de nuestras residencias?
Dibujo de Paco Roca, del premiado cómic “Arrugas” Ed. Astiberri
CREADA LA FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL PARA LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Autonomía Personal y Atención a Personas con Dependencia (FINDESAD).
Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que entró en vigor en 2007, da cobertura a la red de servicios sociales y prestaciones sobre la que se asentará el cuarto pilar del Estado de bienestar en nuestro país y viene a crear el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la autonomía personal de las personas mayores y personas que se encuentran en situación de dependencia para lo cual, se hace necesario, llevar a cabo actuaciones coordinadas en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como la promoción de buenas prácticas de intervención sociosanitaria y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Para llevar a cabo estas actuaciones se ha propuesto la creación de esta Fundación del sector público estatal que, bajo la denominación de Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Autonomía Personal y Atención a Personas Con Dependencia (FINDESAD) se encargará de llevar a cabo la investigación y aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la atención a la dependencia y estará ubicada en el Centro de Referencia Estatal de Valencia.
El 50 por 100 de su patrimonio fundacional deberá proceder de la Administración General del Estado y ascenderá a treinta mil euros a cargo al presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Sanidad y Política Social. Además, las funciones de Protectorado de esta Fundación corresponderán al Ministerio de Sanidad y Política Social.
En Madrid, se critica “el excesivo espíritu sancionador” de las inspecciones a los Servicios Sociales
La Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE) ha alertado de que desde que entró en vigor en 2009 el Plan de Inspecciones en Materia de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid, las denuncias y sanciones por parte de la Administración a las empresas han sufrido un “importante repunte”. Según los empresarios del sector, las inspecciones a los Servicios Sociales guardan “un excesivo espíritu sancionador”.
Con el fin de analizar y resolver los aspectos que, a juicio de los empresarios del sector asistencial, “dificultan una relación fluida y de entendimiento con los servicios de inspección”, la patronal madrileña ha organizado recientemente un seminario, celebrado bajo el título ‘Nuevas pautas de inspección en la Comunidad de Madrid’. El subdirector general de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones, Jesús Vidart; la jefa de Área de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones, Leticia Aranguren; y la jefa del Servicio de Inspección a Centros y Servicios de Acción Social, María Pilar López González, respondieron a todas las preguntas planteadas por los más de 120 asociados a AMRTE que asistieron al encuentro.
Ante una inspección, los asociados de AMRTE reconocieron que su principal preocupación es la “disparidad de criterios subjetivos” por los que se rigen los inspectores. “Debemos recordar también que la normativa supone un incremento en la partida de gastos de la cuenta de resultados, ya que no se corresponde el precio de la plaza con su coste real, que se incrementa aún más cuando se trata de plazas concertadas”, apostilló el presidente de AMRTE, José Luis Palacios. La complejidad de las inspecciones nocturnas, los plazos de subsanación de las deficiencias, la valoración del estado de los residentes y las relaciones con los familiares son otras cuestiones que inquietan especialmente a los empresarios de AMRTE, “por el exceso de celo que muestran los inspectores”.
Por su parte, los ponentes explicaron que los servicios de inspección se centran, fundamentalmente, en comprobar que las residencias y centros de día cumplen con los ratios de personal y que la cualificación de los profesionales, sobre todo de atención directa, es la correcta. Otra de sus prioridades es comprobar el cumplimiento estricto de la normativa en materia de medicación: administración, distribución y caducidad, entre otros. Los servicios de inspección concentran también su atención en la higiene de los residentes, la limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro (como pintura, timbres de llamada, bombillas, carpintería y fontanería).
En palabras del presidente de AMRTE tras la celebración de esta jornada, “lo más importante ha sido que, tanto los empresarios del sector asistencial como los inspectores, logramos reactivar la colaboración y el diálogo entre el sector público y el privado”. Asimismo, los asociados valoraron muy positivamente la capacidad de autocrítica de los ponentes, “que también supieron admitir y reconocer sus errores y no eludieron, en ningún momento, su responsabilidad sobre los asuntos que allí se estaban tratando”. Entre los aspectos mejorables que los propios responsables de los servicios de inspección han reconocido, destacan la importancia de unificar los criterios de inspección y la necesidad de alcanzar una interlocución ágil y abierta.
Por otro lado, algunas medidas para evitar la controversia actual entre los servicios de inspección y los empresarios del sector pasan por la implantación de sistemas de calidad. “En este sentido, estamos trabajando en un sistema de autoevaluación para los centros de menos de 100 camas. Un certificado con el sello AMRTE, que sea sinónimo de calidad y que esté homologado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid”, explicó Palacios, quien propone también fomentar la coordinación con los técnicos de los centros concertados para evitar la duplicidad de inspecciones, flexibilizar los plazos de subsanación de las deficiencias y atender en el plazo marcado las alegaciones realizadas por los inspectores.
Oscar Colás Francés 