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En Madrid, se critica “el excesivo espíritu sancionador” de las inspecciones a los Servicios Sociales

La Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE) ha alertado de que desde que entró en vigor en 2009 el Plan de Inspecciones en Materia de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid, las denuncias y sanciones por parte de la Administración a las empresas han sufrido un “importante repunte”. Según los empresarios del sector, las inspecciones a los Servicios Sociales guardan “un excesivo espíritu sancionador”.

Con el fin de analizar y resolver los aspectos que, a juicio de los empresarios del sector asistencial, “dificultan una relación fluida y de entendimiento con los servicios de inspección”, la patronal madrileña ha organizado recientemente un seminario, celebrado bajo el título ‘Nuevas pautas de inspección en la Comunidad de Madrid’. El subdirector general de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones, Jesús Vidart; la jefa de Área de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones, Leticia Aranguren; y la jefa del Servicio de Inspección a Centros y Servicios de Acción Social, María Pilar López González, respondieron a todas las preguntas planteadas por los más de 120 asociados a AMRTE que asistieron al encuentro.

Ante una inspección, los asociados de AMRTE reconocieron que su principal preocupación es la “disparidad de criterios subjetivos” por los que se rigen los inspectores. “Debemos recordar también que la normativa supone un incremento en la partida de gastos de la cuenta de resultados, ya que no se corresponde el precio de la plaza con su coste real, que se incrementa aún más cuando se trata de plazas concertadas”, apostilló el presidente de AMRTE, José Luis Palacios. La complejidad de las inspecciones nocturnas, los plazos de subsanación de las deficiencias, la valoración del estado de los residentes y las relaciones con los familiares son otras cuestiones que inquietan especialmente a los empresarios de AMRTE, “por el exceso de celo que muestran los inspectores”.

Por su parte, los ponentes explicaron que los servicios de inspección se centran, fundamentalmente, en comprobar que las residencias y centros de día cumplen con los ratios de personal y que la cualificación de los profesionales, sobre todo de atención directa, es la correcta. Otra de sus prioridades es comprobar el cumplimiento estricto de la normativa en materia de medicación: administración, distribución y caducidad, entre otros. Los servicios de inspección concentran también su atención en la higiene de los residentes, la limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro (como pintura, timbres de llamada, bombillas, carpintería y fontanería).

En palabras del presidente de AMRTE tras la celebración de esta jornada, “lo más importante ha sido que, tanto los empresarios del sector asistencial como los inspectores, logramos reactivar la colaboración y el diálogo entre el sector público y el privado”. Asimismo, los asociados valoraron muy positivamente la capacidad de autocrítica de los ponentes, “que también supieron admitir y reconocer sus errores y no eludieron, en ningún momento, su responsabilidad sobre los asuntos que allí se estaban tratando”. Entre los aspectos mejorables que los propios responsables de los servicios de inspección han reconocido, destacan la importancia de unificar los criterios de inspección y la necesidad de alcanzar una interlocución ágil y abierta.

Por otro lado, algunas medidas para evitar la controversia actual entre los servicios de inspección y los empresarios del sector pasan por la implantación de sistemas de calidad. “En este sentido, estamos trabajando en un sistema de autoevaluación para los centros de menos de 100 camas. Un certificado con el sello AMRTE, que sea sinónimo de calidad y que esté homologado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid”, explicó Palacios, quien propone también fomentar la coordinación con los técnicos de los centros concertados para evitar la duplicidad de inspecciones, flexibilizar los plazos de subsanación de las deficiencias y atender en el plazo marcado las alegaciones realizadas por los inspectores.

El IVIMA construirá cuatro residencias en 2010 que supondrán la creación de 500 nuevas plazas

Fte:  Gestion Residencial.

El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) construirá cuatro residencias el próximo año, que permitirán la creación de 500 nuevas plazas. Así lo ha adelantado a este periódico, José Ramón Menéndez Aquino, nuevo director general del Mayor de la Comunidad de Madrid, en una entrevista que publicará N&G el próximo mes de diciembre y en la que destaca que, además, se concertarán otras 1.100 plazas con la iniciativa privada.

José Ramón Menéndez Aquino, nuevo director general del Mayor de la Comunidad de Madrid.

Menéndez Aquino, que el pasado mes de septiembre recogió el testigo de José María Alonso Sector, asegura que en el Proyecto de los Presupuestos del Gobierno regional se contempla un presupuesto de cerca de 306 millones de euros para la Dirección General del Mayor, lo que supone un incremento de un 4,5% con respecto al de 2009. Por su parte, la Dirección General de la Dependencia dispondrá de más de 800 millones para sus actuaciones, es decir, un 6% más que el año pasado.

“La cooperación público-privada se ha convertido en una de las bases de nuestro modelo de actuación”, asevera el nuevo director general del Mayor en la entrevista. En sentido, señala que desde que Esperanza Aguirre asumió la presidencia del Gobierno regional las plazas de residencias, centros de día y pisos tutelados prácticamente se han duplicado. “Este crecimiento no hubiese sido posible sin la colaboración de las empresas. Trabajar con el sector privado es la única manera de poder responder a las necesidades de la población”, explica.

La Fundación Edad&Vida alerta sobre el crack que podrían sufrir algunos operadores si la Administración “no reacciona”

“La situación es muy complicada y se podría generar un crack con la consecuente caída de algunas compañías”. Así de preocupado se muestra Higinio Raventós, presidente de la Fundación Edad&Vida, mientras el Gobierno debate si, finalmente, habrá un incremento del IVA reducido, pasando del 7% al 8%.

Higino Raventós Pres. EDAD Y VIDA

Higinio Raventós, presidente de la Fundación Edad&Vida.
Un problema que se sumaría a las dificultades que muchos operadores tienen para alcanzar un adecuado nivel de ocupación y a los retrasos en los pagos de la Administración. “Ya sucedió algo similar en Reino Unido, antes de que el Gobierno reaccionase”, añade el máximo responsable de esta institución, en la que se encuentras representadas empresas destacadas como Grupo CARE, Sanyres, Grupo SAR o Mapfre Quavitae, entre otras.
Raventós califica esta eventual subida como “otro nuevo golpe a la viabilidad de los proveedores” que cubren la mayoría de las necesidades de atención a la dependencia. Se trata, además, de una medida que las compañías de este sector reclaman desde hace años y que beneficiaría a empresas prestadoras de productos y servicios e, incluso, “a la propia Administración”. Aunque muchos grupos políticos ya han presentado iniciativas parlamentarias para la reducción de la carga fiscal, hasta la fecha, no se ha obtenido un resultado satisfactorio similar al de otros países europeos, con una fiscalidad reducida en estos servicios.
La Fundación Edad&Vida recuerda que el sector empresarial se encuentra “seriamente perjudicado” por el desarrollo de la Ley de Dependencia, en base a prestaciones económicas y no a servicios profesionales, al que la medida le supone una pérdida adicional, ya que las tarifas no se ajustan a los costes reales de los servicios que se prestan y a la calidad que se solicita. “Empresas que tenían enormes planes de inversiones no han recibido la adecuada respuesta de la administración, bien por la ralentización en la capacidad de ocupación de esas plazas o porque los planes han producido desequilibrios económicos relevantes, provocando un escaso desarrollo de la red de utilidad pública que la Ley prevé”, concluye la Fundación.
¿Cómo afectaría el incremento del 1%?
  • Un 1% más de desembolso de recursos para cubrir una necesidad: la atención de las personas en situación de dependencia.
  • Un 1% menos de recursos para las administraciones con los que atender a los ciudadanos.
  • El encarecimiento de un 1% en la compra de servicios profesionales.